Media España está pendiente de la aplicación de esta Ley de Costas

La aplicación arbitraria de la Ley de Costas amenaza a 200.000 familias

Los afectados denuncian el efecto retroactivo de la norma, algo que es anticonstitucional - Mientras se expropian miles de casas, se construyen edificios en zonas prohibidas La Plataforma de Afectados PNALC se ha dirigido al Parlamento Europeo, que va a investigar el caso. La Ley de Costas pretendía regular la construcción en el litoral - Efe Salvador de la Cruz MADRID- La Ley de Costas que está actualmente en vigor se aprobó en 1988 con el fin de regular la situación inmobiliaria del litoral español, donde en los años del «boom» turístico se construyeron miles de viviendas literalmente «a pie de playa». El espíritu de la norma era detener la construcción de este tipo de inmuebles para mejorar la imagen de las costas españolas, donde enormes bloques de pisos afeaban el litoral. Sin embargo, a pesar de que la Ley data de 1988, su aplicación no se hizo realmente efectiva hasta muchos años después. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, inició el año pasado su particular cruzada contra este tipo de viviendas, amenazando con derruir todas las propiedades que se encontrasen situadas a menos de 100 metros de la playa, incluso con carácter retroactivo. Pero la medida ideada por la ministra puede dejar a centenares de miles de familias en una complicada situación económica. Según explican los propios afectados, las expropiaciones no están ofreciendo ningún tipo de contraprestación económica, pero los bancos siguen exigiendo el pago de las cuotas. «Estamos pensando en dejar de pagar a los bancos», asegura Carmen del Amo, presidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. «La situación es insostenible». El problema es que muchas de las casas que han recibido una notificación de expropiación fueron construidas mucho antes de la citada Ley, lo que deja un vacío legal a la hora de la aplicación. «La Ley de Costas es muy ambigua. Pero lo que está claro es que la legislación española prohíbe la retroactividad. Es algo anticonstitucional», asegura la presidenta de la plataforma de afectados. De hecho, los miembros de la plataforma, que agrupa a más de 20.000 afectados, han elevado ya sus quejas hasta el Parlamento Europeo, donde han recibido una respuesta esperanzadora. El pasado mes de julio, el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Marcin Libicki, admitió a trámite la denuncia realizada por PNALC y el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión que realizase una investigación sobre el caso. Aplicación voluble Pero el problema más sangrante para los afectados no es que les arrebaten sus propiedades, ni siquiera que tengan que seguir pagando las hipotecas o que el Gobierno no se haya dignado ni siquiera a recibirlos. Según denuncian, la cuestión es que se sigue aprobando la construcción de edificios que incumplen claramente las pautas que fija la citada Ley de Costas. Del Amo pone como ejemplo el ático que se está constuyendo el secretario general del Partido Socialista, José Blanco, en la Isla de Arosa en Galicia, que está situado a 20 metros de la costa. Además, la plataforma denuncia que en algunas ocasiones las viviendas que son expropiadas se derrumban para dar paso a nuevos complejos hoteleros de lujo, que también incumplen la Ley de Costas. Pero en estos casos no parece importar demasiado. Una Ley malinterpretada Otro ejemplo especialmente destacado para la Plataforma es el colegio Costa Oeste situado en Cádiz. La Ley de Costas señala claramente que está prohibida la construcción de cualquier tipo de edificación en una zona donde están las dunas. Pero en este caso tampoco importa. El coste de construcción del proyecto se ha disparado por la necesidad de construir un gran muro de contención para evitar que la arena se introduzca en las clases. En total, el presupuesto se ha disparado en 440.000 euros para una actuación que, con la Ley en la mano, no parece legal. «Los responsables, malinterpretando su propósito de frenar la presión urbanística sobre el litoral, se han estado cebando en inofensivos pueblos de pescadores y barrios marítimos tradicionales que siempre habían estado allí», asegura el abogado José Ortega, en un artículo colgado en la página web de la plataforma. La Ley de Costas nació con la mejor intención. No cabe duda de que la situación de algunas edificaciones, enclavadas a pocos metros de la misma línea del mar, es alarmante. El problema, como en toda legislación, es la aplicación. Enlace en La RAZON